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Las estrategias de la Misión para la Transformación del Campo, presentadas por José Antonio Ocampo, también incluyen una política monetaria que evite la devaluación excesiva y crédito rural a los pequeños productores.

Tras la presentación de un diagnóstico social de cómo está el sector rural, José Antonio Ocampo, director de la Misión para la Transformación del Campo, indicó que como parte de las conclusiones de su trabajo, se propondrán seis estrategias para saldar la deuda que el país tiene con este sector.

La presentación la hizo el exministro durante las sesiones del 38 Congreso Nacional Agrario, que sesionará hasta hoy en Villavicencio.

Las estrategias comprenden temas como la inclusión social con enfoque de derechos, la inclusión productiva, la ruralidad competitiva, sostenibilidad ambiental, desarrollo con enfoque territorial y reforma institucional.

Para los temas de competitividad indicó la necesidad de una provisión adecuada de bienes públicos, una política macroeconómica, comercio exterior, servicios financieros y comercialización; y apuestas productivas en cadenas con amplias potencialidades en mercados externos o internos.

Para la provisión de bienes públicos, Ocampo consideró prioritarias las inversiones en asistencia técnica, vías terciarias y adecuación de tierras.

Para una mejor sanidad agropecuaria, Ocampo pidió la despolitización del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y fortalecer la parte técnica, que es su verdadera misión.

En cuanto a la seguridad jurídica, se propone que los temas de tierras rurales sean manejados por una institución especializada que podría llamarse ‘Agencia Nacional de Tierras’ y una jurisdicción agraria que dirima los conflictos correspondientes.

Una de las tareas esenciales de dicha agencia sería un programa de formalización de títulos, acompañada por la modernización del catastro y el registro de propiedades.

Otros bienes públicos necesarios son información, seguridad y acceso a la justicia.

Las recomendaciones de la Misión Rural van más allá; por ejemplo, propuso una política cambiaria orientada a evitar la sobredevaluación y excesiva inestabilidad del tipo de cambio, algo que ha venido siendo la constante en la economía colombiana.

En cuanto al crédito rural, este deberá orientarse, de forma prioritaria a los pequeños productores, mientras que el programa de subsidios Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), deberá aumentar su presupuesto a medio billón de pesos anuales.

Por su parte, los fondos de estabilización de precios pueden ser también objeto de apoyo directo del Estado, “siempre y cuando sean simétricos”, destacó Ocampo.

Los seguros agrarios también cobran prioridad en las recomendaciones de la Misión, pues demandan mejorar la oferta y mercados activos de derivados.

Otro de los temas álgidos durante su presentación en el Congreso Agrario fue el de la diversificación de exportaciones; “este exige crear nueva oferta exportable, debe ser la prioridad en materia de comercio exterior y deben priorizarse las actividades del ICA para romper barreras fitosanitarias en los mercados de destino”.

En clara alusión a las diversas protestas de algunos grupos económicos, respaldó mantener las franjas de precios y las agendas de desgravación establecidas en los diferentes tratados de libre comercio (TLC) firmados por Colombia.

Por la infraestructura de comercialización de productos agropecuarios, la Misión indicó que debe ser objeto de atención especial en los programas de inclusión productiva y, en el caso de iniciativas empresariales, puede contar con inversión de Finagro como inversionista minoritario.

Lo anterior quiere decir una mayor actividad del llamado Fondo de Capital de Riesgo de la entidad financiera.

http://www.portafolio.co/economia/mision-rural-colombia-2015-recomendaciones

 

La hora de la política industrial

El documento es una enorme contribución que debe servir para generar un debate sobre uno de los temas de mayor relevancia para el país: el papel de la industria en nuestro desarrollo futuro. 2:17 a.m. | 1 de noviembre de 2015

En su reciente congreso, la Andi presentó uno de los documentos gremiales más interesantes en mucho tiempo: ‘Estrategia para una nueva industrialización’. Algunos hemos tratado de introducir este tema en el debate nacional desde hace años, con resultados limitados. Era esencial que la asociación cuya ‘I’ todavía recuerda su origen, como el gremio de la industria, pusiera en el centro de atención la necesidad de una política industrial moderna.
 
La propuesta responde al fuerte proceso de desindustrialización que ha tenido el país desde hace más de tres décadas e incluso al hecho de que la producción industrial del 2014 fue apenas un 3 % superior a la del 2008, contra un crecimiento del PIB del 29 %. Es decir, la industria desapareció como fuente de expansión económica durante la fase más reciente del auge energético-minero y casi toda la demanda adicional de bienes manufacturados se suplió con importaciones. Esto es ahora inviable debido al fin del ciclo de precios altos de productos básicos.
 
El documento hizo saltar a los sospechosos habituales. No faltaron los comentarios de que la propuesta representaba volver 25 años atrás, ni las recriminaciones de que se buscaba mayor protección arancelaria. Afortunadamente, otros comentaristas discutieron constructivamente las propuestas para reducir el costo país, aumentar la productividad de las empresas, promover un entorno competitivo, profundizar y aprovechar los acuerdos comerciales, consolidar encadenamientos productivos y fortalecer las instituciones.
 
La propuesta define una política industrial moderna, como “el conjunto de medidas de política pública que debe tomar un Estado para implementar una estrategia de largo plazo que produzca un salto significativo en el aparato productivo de un país para ponerlo a la vanguardia mundial en términos tecnológicos, económicos y comerciales, en uno o varios sectores”. Esta formulación tiene el mérito de poner el desarrollo tecnológico y la inserción del país en los mercados globales como dos elementos esenciales, así como la coordinación que debe ejercer el Gobierno dentro de una estrategia que por definición debe ser público-privada.
 
El presidente de la Andi resalta en el prólogo la necesidad de pensar las empresas en términos de sus encadenamientos globales. Los diferentes componentes de una cadena productiva pueden ser fácilmente trasladados a otros lugares. Por eso, el país tiene que tomar una decisión estratégica sobre qué eslabones de qué cadenas quiere conformar.
 
El documento contiene recomendaciones con las que pocos podrán estar en desacuerdo. La Andi sugiere apalancar los mecanismos de compras públicas para estimular los encadenamientos productivos y, al tiempo, buscar la inserción en las cadenas de la región y aprovechar la cercanía con EE. UU. para utilizar empresas ancla en ese país para insertarse en cadenas de valor globales. Recomienda ajustar los instrumentos de financiamiento a los ciclos productivos de las empresas, desarrollar una industria de capital de riesgo y fortalecer el sistema de garantías mobiliarias. Resalta la necesidad de promover una infraestructura y corredores logísticos especializados, así como laboratorios acreditados por organismos internacionales y fortalecer el capital humano para la exportación.
 
Independientemente de lo que se piense sobre estas propuestas concretas, que personalmente respaldo, el documento de la Andi es una enorme contribución que debe servir para generar un debate sobre uno de los temas de mayor relevancia para el país: el papel de la industria en nuestro desarrollo futuro. Por encima de acuerdos o desacuerdos con propuestas específicas, es urgente aceptar que la política de transformación productiva no es un dinosaurio del siglo pasado.
 
JOSÉ ANTONIO OCAMPO
 
 
 
 

Instituciones y política de desarrollo productivo

Se ha considerado que las instituciones, conjuntamente con la geografía y el comercio internacional, son los tres determinantes que explican las diferencias de crecimiento entre los países ricos y los países pobres. Aunque están estrechamente ligados entre sí, Dani Rodric (2004) le da gran importancia al primero, al sostener que “una vez el marco institucional es el adecuado, debemos preocuparnos mucho menos por la escogencia de los elementos de política pública”.

El hecho es que las mejores instituciones y la mayor protección de los derechos de propiedad aumentan la inversión y fomentan el progreso tecnológico. Esto es lo que no hemos logrado en Colombia. No existe en hoy una Política de Desarrollo Productivo (PDP) que este articulada al más alto nivel institucional, que cubra y coordine los diferentes instrumentos y esfuerzos que deben adelantar múltiples actores en el marco de la misma, a nivel nacional y regional.

Hasta la aprobación del último Plan de Desarrollo, la falta de capacidad articuladora de la PDP se reflejaba, en la existencia de dos estrategias separadas, la de Desarrollo Productivo (SNCeI) y la de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI). Aunque en el plan se hizo un esfuerzo por conectarlas, no queda claro cuál es el eje articulador, lo que conduce a diversas duplicidades que generan confusión. Además, no se ha hecho un esfuerzo serio para colocar a este nivel el programa de las tecnologías de la información y las comunicaciones, conocido como plan Vive Digital.

Por otro lado, la falta de articulación se refleja en las agendas sectoriales, como es el caso de los servicios, industria, minería y agricultura, con el Programa de Desarrollo Productivo, manejado a través del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. Si bien es importante dar a cada ministerio la responsabilidad para liderar el desarrollo de los sectores que les competen, para que el PDP sea efectivo, también es clave que los esfuerzos por parte de cada uno de las carteras se articulen explícitamente bajo la PDP. De lo contrario, estos esfuerzos aislados terminarán, en el mejor de los casos, siendo ineficientes por falta de coordinación o, en el peor, implementando programas que se contradicen entre sí. A ellos hay que agregar que dentro de cada ministerio existen programas que se duplican, como ocurre con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Simultáneamente, con la Misión para la Transformación del Campo, existe un programa para sustitución de importaciones agrícolas, los compromisos derivados de los acuerdos de La Habana y los convenios con la llamada ‘Dignidad Agropecuaria’.

Finalmente, la falta de articulación de la PDP se manifiesta en su desconexión con las estrategias regionales. Si bien en el Plan de Desarrollo se ha dicho que “las regiones son las líderes de las estrategias de desarrollo productivo” y que se busca una especialización inteligente, de acuerdo a las vocaciones productivas de las regiones, no existe una clara conexión entre ellas.

Ahora que se están revisando varios documentos Conpes para actualizar las Políticas de Desarrollo Productivo, Ciencia Tecnología e Innovación, y para tener en cuenta las exigencias de la Ocde al respecto, valdría la pena que se analizaran cuidadosamente los aspectos instituciones anteriormente planteados.

Manuel José Cárdenas

Consultor internacional

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http://www.portafolio.co/columnistas/instituciones-y-politica-desarrollo-productivo?hootPostID=eca64521d0bed861627ed1b29a4f95a9

En Colombia hay 6,6 profesionales con título de doctorado, un porcentaje bastante bajo si se tiene en cuenta que el promedio de América Latina es de 38 por igual proporción de personas. Este factor supone un enorme reto para el país ya que sin estos especialistas es difícil “hacer investigación de calidad”. Así lo confirmó en una entrevista concedida a Dinero el subdirector del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), Alejandro Olaya, quien además señala que la nación con mayor número de profesionales con doctorados en la región es Brasil, con 70 especialistas por cada millón de personas.

Los 34 países que hacen parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) – al cual prevé ingresar Colombia en el 2016- tienen 130 doctores por cada millón de habitantes en promedio.  “El rezago en Colombia es muy grande, los doctores son las personas que se forman para desarrollar nuevo conocimiento e investigación”, complementó con preocupación el directivo.
A pesar de los desafíos, Alejandro Olaya destaca el hecho de que Colciencias se haya enfocado en sacar adelante un ambicioso programa de doctorados para fomentar la ciencia, tecnología e innovación en Colombia durante los próximos años.
Esta iniciativa, que arrancó formalmente en 1992, tan solo beneficiaba a unos quince profesionales en sus comienzos, ahora esa cifra se ha aumentado al pasar a más de 700 estudiantes becados en uno de los programas de doctorado.
Con un presupuesto estimado en $360.000 millones anuales – de los cuales se destinan $20.000 millones en funcionamiento y $340.000 millones en inversión en actividades de investigación y desarrollo (I+D), Colciencias trabaja para sacar adelante un sector históricamente rezagado.
Y es que el país destina tan solo el 0,2% de su Producto Interno Bruto en I+D, mientras que el promedio de los países de la OCDE es de 2,4%. De hecho, el porcentaje que destina Colombia es incluso más bajo que el promedio regional, ya que este se calcula en 0,9%.
El subdirector de Colciencias afirmó que el 70% de los recursos que se destinan a I+D en el país son públicos, y solo el 30% son del sector privado. Esta situación contrasta con la realidad de las naciones más desarrolladas del mundo en donde este indicador es a la inversa.
La baja participación de la empresa privada en el desarrollo del sector de ciencia y tecnología en el país sitúa a Colciencias como una de las pocas entidades encargadas de apoyar este tipo de proyectos a pesar de su “bajo presupuesto”, según lo señala el subdirector de esa entidad. 
Esa no ha sido una tarea fácil ya que en Colombia hay al menos 3.800 grupos de investigación – conformados por unos 8.200 profesionales en total- que dependen en gran medida del apoyo de Colciencias, una entidad que año tras año ve amenazado su presupuesto.
Precisamente, Olaya relató que en la más reciente discusión sobre el presupuesto general de la Nación se había planteado un recorte de $50.000 millones para Colciencias, debido en parte, al golpe que significó para las finanzas del país la caída de los precios de las materias primas.
A pesar de que este recorte no se hizo efectivo, caso contrario al de otras instituciones y actividades económicas que percibieron una reducción de sus ingresos hasta en un 30%,“tampoco hay un crecimiento importante del presupuesto, lo que nos deja como estábamos”, apuntó el ejecutivo.
La falta de presupuesto se refleja principalmente en dos aspectos. El primero de ellos es queColciencias solo tiene la capacidad de apoyar proyectos de investigación de pequeña escala, es decir, los que duran de un año a tres y únicamente requieren de una inversión de entre $200 y $400 millones para su ejecución.
El segundo resultado de la baja inversión en ciencia y tecnología se refleja en la falta de creatividad que hay en el país. De ahí que solo se hayan registrado 2.417 solicitudes de patentes de invención en el 2014, de las cuales el 88% fueron presentadas por extranjeros y solo el 12% por nacionales.
Nuevamente el país queda mal parado frente a naciones más desarrolladas como Estados Unidos y Corea del Sur, en donde el número de solicitudes de patentes al año es de 70.000 y 100.000, respectivamente. 
Datos del Banco Mundial, citados por la agencia de noticias de la universidad Nacional, evidencian que Colombia pasó de pagar US$118.088.950 a US$500.583.340 por el uso de propiedad intelectual. En ese mismo período el dinero que recibió de otros países por el mismo concepto se redujo de US$9.937.480 a US$56.368.811.

http://www.dinero.com/pais/articulo/colciencias-explica-retos-para-sacar-adelante-ciencia-tecnologia-colombia/215272

 

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